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| TPS, La protesta, 2026 |
Por TPS
Los acontecimientos que nos presentan en las noticias como crisis separadas podrían formar parte de una misma transformación histórica. Las protestas en Europa, el avance de la ultraderecha en América del Sur, las tensiones militares en torno a Irán y el estrecho de Ormuz, la actividad de los hutíes en el mar Rojo y la incertidumbre política que rodea a Donald Trump y Benjamin Netanyahu no son fenómenos idénticos, ni responden a una sola causa. Sin embargo, todos nos obligan a hacernos una pregunta común: ¿estamos ante una crisis pasajera del sistema internacional o ante el agotamiento de algunas de las estructuras políticas, económicas y militares sobre las que se construyó el mundo contemporáneo?
En este momento, hablar de noviembre y diciembre exige distinguir entre lo que ya conocemos, lo que resulta probable y aquello que todavía pertenece al terreno de la especulación. No podemos anticipar con certeza el resultado de unas elecciones, el desenlace de un conflicto militar o la caída de un gobierno. Pero sí podemos examinar las fuerzas que están en movimiento, sus contradicciones y los escenarios que podrían abrirse durante los últimos dos meses del año.
El cierre de 2026 podría estar marcado menos por una solución definitiva de las grandes crisis que por su acumulación. Es decir, por un mundo donde los conflictos regionales, las tensiones económicas, las disputas por la soberanía y el descontento social se influyen mutuamente, sin que exista una autoridad internacional capaz de ordenarlos de manera convincente.
Aquí está la primera contradicción: las potencias que durante décadas presentaron su liderazgo como garantía de estabilidad son, en ocasiones, incapaces de ofrecer una salida a las crisis que ellas mismas contribuyeron a producir.
1. Europa: las protestas contra el costo de vivir y la crisis de la representación
Las movilizaciones registradas este 17 de octubre en Francia, Bélgica, Italia y Portugal muestran un malestar que no puede explicarse simplemente como una reacción contra determinados gobiernos. Las demandas por salarios, vivienda, pensiones, educación y combustible apuntan a un problema más profundo: cada vez resulta más difícil para amplios sectores de la población sostener las condiciones materiales de una vida digna.
Lo interesante es que este malestar aparece en países con historias políticas distintas, pero sometidos a presiones semejantes: vivienda convertida en activo financiero, servicios públicos bajo presión, incertidumbre laboral y una creciente distancia entre las prioridades de los gobiernos y las necesidades cotidianas de la población.
Esto nos debe recordar que las crisis de legitimidad no empiezan necesariamente cuando las personas dejan de creer en la democracia. A veces empiezan cuando sienten que votar ya no modifica las condiciones esenciales de su existencia.
Una persona puede tener derecho a elegir a sus representantes y, sin embargo, no tener posibilidades reales de acceder a una vivienda, pagar sus gastos o construir un futuro menos precario. La ciudadanía política permanece, pero la ciudadanía material se deteriora.
Y cuando esa contradicción se prolonga, el descontento puede tomar caminos muy diferentes.
Puede alimentar movimientos sindicales, organizaciones vecinales, cooperativas, nuevas izquierdas y formas de solidaridad. Pero también puede fortalecer a la ultraderecha, que ofrece explicaciones sencillas a problemas complejos y señala a migrantes, minorías o adversarios culturales como responsables de una inseguridad cuyas causas son también económicas y estructurales.
Ésta es una de las grandes disputas políticas del momento: quién consigue interpretar el sufrimiento social y hacia dónde dirige la indignación.
La ultraderecha suele tener una ventaja comunicativa. Identifica enemigos, promete restaurar un pasado idealizado y presenta la autoridad como remedio frente al desorden. Las fuerzas emancipadoras, en cambio, necesitan construir respuestas materiales, organizar intereses colectivos y demostrar que la solidaridad puede resolver problemas concretos. No basta con denunciar el racismo si no se responde a la precariedad que vuelve receptivas a algunas personas ante los discursos autoritarios.
Pero no debemos confundir toda protesta con una rebelión anticapitalista. Una movilización contra el precio de la gasolina puede expresar una demanda de justicia social o simplemente exigir subsidios para mantener el consumo sin cuestionar el modelo energético. Las protestas son espacios de disputa, no sujetos políticos homogéneos.
¿Qué podría ocurrir en noviembre y diciembre?
Es razonable contemplar tres posibilidades: que las movilizaciones se mantengan y obliguen a los gobiernos a negociar; que algunos ejecutivos respondan con concesiones limitadas y medidas de contención; o que la combinación de desgaste económico y polarización derive en una respuesta más autoritaria.
No son escenarios excluyentes. Un gobierno puede conceder mejoras parciales y, al mismo tiempo, endurecer su política de seguridad.
El punto decisivo será comprobar si las protestas consiguen pasar de la expresión del descontento a la construcción de una fuerza social capaz de sostener demandas comunes. Una multitud en la calle puede detener temporalmente una decisión. Transformar las relaciones de poder requiere algo más duradero.
2. América del Sur: el avance de la derecha y las razones de su crecimiento
El avance de la derecha en América del Sur es uno de los acontecimientos que podrían condicionar el cierre del año. Sin embargo, sería un error interpretarlo como una conversión ideológica uniforme de las sociedades latinoamericanas al conservadurismo.
Los cambios políticos recientes en países como Chile, Perú y Colombia, junto con la consolidación de gobiernos de derecha en otros puntos de la región, muestran un desplazamiento importante del equilibrio electoral. Brasil, con sus elecciones de octubre, constituye un caso especialmente relevante por su peso económico y demográfico.
Pero debemos hacer la pregunta necesaria: ¿la gente vota por la ultraderecha porque necesariamente comparte toda su ideología o porque está cansada de gobiernos que no resolvieron sus problemas?
En muchos casos, la inseguridad, la inflación, la corrupción, la falta de oportunidades y el desgaste de las fuerzas tradicionales explican una parte importante del fenómeno. Cuando un gobierno que se presenta como progresista no consigue mejorar suficientemente las condiciones de vida, su identidad ideológica puede convertirse en una carga electoral en lugar de una ventaja.
Eso no significa que las alternativas de derecha sean mejores para la mayoría. Significa que han logrado presentarse como una alternativa creíble ante personas que sienten que las opciones anteriores fracasaron.
El problema adquiere otra dimensión. América Latina ha sido históricamente una región sometida a la extracción de materias primas, a la influencia de potencias extranjeras y a estructuras económicas que dificultan la distribución equitativa de la riqueza. Los gobiernos pueden cambiar sin que esas estructuras desaparezcan.
Noboa puede hablar de soberanía y mantener una economía dependiente de las exportaciones primarias. Milei puede prometer eficiencia y terminar transfiriendo activos públicos a intereses privados. Rodrigo Paz puede utilizar el lenguaje de la justicia social mientras permite que las élites económicas conserven buena parte de su poder.
Por eso, el enfrentamiento entre izquierda y derecha no debe ocultar una pregunta más importante: ¿quién controla los recursos, quién decide cómo se produce la riqueza y quién paga los costos de las crisis?
El peligro de la política del castigo
Una parte del crecimiento de la derecha radical se apoya en la idea de que la sociedad necesita recuperar el orden a cualquier precio. La seguridad se presenta como una solución que puede separarse de la justicia, y la autoridad como una virtud que no requiere demasiados controles.
En países golpeados por la violencia criminal, esta propuesta puede resultar comprensible para personas que viven bajo amenazas cotidianas. No sería serio descalificar ese temor desde una posición cómoda. La inseguridad es un problema real y el Estado tiene la obligación de proteger a la población.
La cuestión es qué significa protegerla.
¿Se trata de construir instituciones eficaces, combatir las redes financieras del crimen, reducir la corrupción y recuperar territorios mediante servicios públicos y oportunidades económicas? ¿O se trata de normalizar detenciones arbitrarias, militarizar la vida cotidiana y concentrar el poder en nombre de una emergencia permanente?
La diferencia no es menor. Una política de seguridad puede ser popular y, al mismo tiempo, erosionar derechos y libertades.
También sería equivocado asumir que todos los gobiernos de derecha son idénticos o que toda fuerza progresista representa automáticamente los intereses populares. Hay diferencias importantes entre conservadurismo tradicional, liberalismo económico, nacionalismo autoritario y ultraderecha. Y existen gobiernos progresistas con contradicciones que merecen una buena crítica.
Noviembre y diciembre: el caso brasileño
La elección brasileña tiene una importancia que va más allá de sus fronteras. Brasil es una pieza central de la integración sudamericana, de los BRICS y de las discusiones sobre autonomía estratégica frente a Estados Unidos y China.
Una victoria de la derecha reforzaría la tendencia regional y podría dificultar proyectos de cooperación latinoamericana, políticas ambientales comunes y ciertas iniciativas de integración. Una continuidad progresista, por otro lado, mantendría abiertas esas posibilidades, pero no garantizaría que se materializaran.
En cualquiera de los dos escenarios, la pregunta decisiva sería si los resultados electorales se traducen en mejoras materiales para la población y en una mayor capacidad regional para negociar con las grandes potencias.
Porque cambiar el color político de los gobiernos no basta si la estructura económica continúa obligando a los países a competir entre sí ofreciendo mano de obra barata, flexibilización laboral y acceso privilegiado a sus recursos naturales.
La verdadera autonomía latinoamericana no puede construirse únicamente con discursos nacionalistas. Requiere cooperación regional, ciencia, infraestructura, industria, educación, soberanía alimentaria y mecanismos de redistribución que reduzcan las desigualdades internas.
3. Irán y el estrecho de Ormuz: cuando la guerra amenaza con convertirse en una crisis mundial
Si tuviera que señalar uno de los puntos con mayor capacidad para alterar la economía mundial durante noviembre y diciembre, elegiría el conflicto en torno a Irán y las rutas marítimas que conectan el golfo Pérsico con el resto del planeta.
La razón no es solamente militar. Es económica y geográfica.
El estrecho de Ormuz constituye un paso estratégico para el transporte internacional de petróleo y gas. Su vulnerabilidad demuestra hasta qué punto la economía global depende de corredores estrechos, infraestructuras críticas y territorios que pueden convertirse en puntos de presión geopolítica.
Los análisis publicados en septiembre y octubre describen un conflicto que ha debilitado las expectativas de una restauración rápida del orden previo en el golfo Pérsico. La confrontación entre Irán, Estados Unidos e Israel ha mostrado que una superioridad militar considerable no garantiza la consecución de objetivos políticos.
Ésta es una lección que la historia repite con frecuencia: destruir capacidades militares no es lo mismo que construir una situación política estable.
Una potencia puede bombardear instalaciones, neutralizar mandos o imponer un bloqueo. Pero si sus acciones refuerzan la percepción de que el adversario lucha por su supervivencia, también pueden incrementar su disposición a prolongar el conflicto y ampliar sus costos.
En este escenario, Irán dispone de una ventaja geográfica que no depende de competir simétricamente con Estados Unidos en tecnología militar. La capacidad de amenazar la navegación, elevar los costos del transporte y generar incertidumbre sobre el suministro energético le permite trasladar parte del costo de la guerra a la economía mundial.
Eso no convierte a Irán en un actor inocuo ni justifica ataques contra civiles o embarcaciones comerciales. Significa que la geografía puede limitar el poder de una potencia incluso cuando existe una enorme desigualdad militar.
El precio de la guerra no se queda en el golfo Pérsico
Si las restricciones al tránsito por Ormuz continúan, o si se producen nuevos ataques contra embarcaciones e infraestructura energética, las consecuencias podrían extenderse mucho más allá de Oriente Medio.
El petróleo más caro eleva los costos del transporte, la producción industrial y la agricultura. El encarecimiento del combustible puede trasladarse a los alimentos, los fertilizantes y otros bienes básicos. Los países importadores de energía sufren presiones sobre sus cuentas externas y sus monedas, mientras que los gobiernos deben decidir si subsidian los precios o permiten que el impacto recaiga directamente sobre los hogares.
En términos sociales, esto significa que una guerra decidida por gobiernos y estructuras militares puede terminar afectando el presupuesto de una familia que vive a miles de kilómetros del frente.
Los hogares de menores ingresos suelen sufrir de manera desproporcionada porque destinan una mayor parte de sus recursos a necesidades básicas. Para ellos, un incremento de los precios no representa una fluctuación abstracta de los mercados, sino menos alimentos, transporte más caro o la imposibilidad de cubrir otros gastos.
La guerra, por tanto, también distribuye pérdidas.
Y esa distribución casi nunca es equitativa.
¿Qué podría ocurrir en noviembre y diciembre?
Podemos identificar tres escenarios principales.
Desescalada negociada. Un acuerdo parcial sobre la navegación, las sanciones o las garantías de seguridad podría reducir la incertidumbre, aunque no resolvería las disputas de fondo.
Conflicto prolongado y presión económica. La situación podría mantenerse con episodios de negociación y nuevas amenazas, sin que ninguna de las partes consiga imponer una solución definitiva.
Ampliación regional. Nuevos ataques contra infraestructura, fuerzas militares o rutas marítimas podrían involucrar a más actores y aumentar el riesgo de una confrontación de mayores dimensiones.
La segunda posibilidad merece una atención especial porque los conflictos prolongados pueden convertirse en una especie de normalidad internacional. Los mercados se adaptan parcialmente, los gobiernos reorganizan sus presupuestos y la población se acostumbra a convivir con una emergencia que nunca termina de resolverse.
Eso no significa que la crisis deje de ser grave. Significa que sus costos se vuelven cotidianos.
4. Los hutíes y el mar Rojo: la vulnerabilidad de las rutas comerciales
Para comprender el conflicto regional no basta con observar a Irán, Israel y Estados Unidos. También hay que mirar hacia Yemen y la actuación de los hutíes, un movimiento político y armado que se ha convertido en un actor relevante en la disputa por las rutas marítimas.
El estrecho de Bab el-Mandeb conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y constituye una vía estratégica para el comercio entre Asia y Europa. Su importancia aumenta cuando se considera junto con Ormuz: la presión simultánea sobre ambos corredores puede reducir las alternativas disponibles para el transporte energético y comercial.
Los hutíes no son simplemente una extensión pasiva de la política iraní. Tienen una historia, una base social y objetivos propios, aunque mantienen vínculos estratégicos con Teherán. Comprender esa autonomía relativa es importante para no reducir todos los conflictos de Oriente Medio a una sola confrontación entre Irán y Occidente.
La expansión de las hostilidades marítimas puede elevar los seguros, encarecer los fletes, obligar a desviar embarcaciones y afectar los tiempos de entrega de mercancías. Si las navieras evitan el mar Rojo y optan por rodear África, el trayecto entre Asia y Europa se alarga, con consecuencias económicas que pueden propagarse por las cadenas de suministro.
Los análisis recientes sobre la guerra en el golfo Pérsico advierten precisamente sobre el riesgo de que las tensiones en Ormuz se combinen con las del mar Rojo y Bab el-Mandeb, creando una presión simultánea sobre corredores marítimos esenciales.
Pero hay otra situación que merece atención.
Cuando las grandes potencias hablan de libertad de navegación, suelen presentarla como un principio universal. Y, efectivamente, la seguridad de las rutas comerciales es importante para numerosos países. Sin embargo, esa discusión convive con una historia de intervenciones militares, bases extranjeras y competencia por el control de territorios estratégicos.
La pregunta no es si deben protegerse los barcos comerciales. Es quién define las reglas de seguridad, quién tiene capacidad para imponerlas y qué ocurre cuando los Estados de la región cuestionan el orden establecido por las potencias.
La respuesta no puede consistir en justificar cualquier ataque realizado en nombre de la resistencia. Tampoco debería consistir en asumir que una intervención militar occidental es legítima por el simple hecho de invocar la estabilidad.
Hay que aplicar el mismo criterio a todos: protección de la población civil, respeto al derecho internacional y rechazo a los ataques contra civiles y bienes civiles.
El escenario más peligroso para noviembre y diciembre sería una escalada en la que cada actor justificara sus acciones como respuesta defensiva a las del adversario. En ese proceso, las represalias podrían convertirse en el mecanismo que mantiene viva la guerra.
5. Netanyahu: ¿qué significa una derrota electoral en Israel?
El caso israelí requiere una precisión temporal importante. Las elecciones parlamentarias están previstas para el 27 de octubre de 2026, de modo que noviembre podría comenzar con un resultado electoral reciente y, posiblemente, con negociaciones para formar gobierno. Sin embargo, una derrota de Benjamin Netanyahu no equivaldría automáticamente a un cambio de rumbo en la política israelí.
Las encuestas publicadas antes de los comicios apuntaban a dificultades para su coalición, pero también mostraban una oposición fragmentada y sin una mayoría claramente asegurada. Por eso, perder escaños, perder la capacidad de formar gobierno y abandonar efectivamente el poder son escenarios distintos.
¿Por qué importa tanto esta elección?
Porque Netanyahu ha construido buena parte de su liderazgo sobre la promesa de garantizar la seguridad de Israel. Los acontecimientos posteriores al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, las guerras que siguieron y las consecuencias de la confrontación con Irán han puesto esa promesa bajo un escrutinio mucho más severo.
Una derrota electoral podría debilitar a un dirigente que ha ocupado un lugar central en la política israelí durante décadas. También podría abrir una disputa dentro de su propio campo político sobre los costos de mantener una estrategia basada en la superioridad militar y la confrontación permanente.
Pero conviene distinguir entre el destino de un dirigente y el de una estructura política.
La sociedad israelí no constituye un bloque homogéneo. Existen diferencias entre sectores religiosos y seculares, entre posiciones nacionalistas y opositoras, entre quienes priorizan la seguridad militar y quienes exigen responsabilidades políticas por los fracasos del gobierno. También existe una pluralidad de opiniones sobre los palestinos, la ocupación, los asentamientos y la solución de dos Estados.
Una alternancia en el gobierno podría modificar algunas decisiones, pero no necesariamente eliminaría el consenso que existe en amplios sectores de la política israelí sobre determinadas cuestiones de seguridad y control territorial.
¿Una derrota de Netanyahu abriría una oportunidad para Palestina?
Potencialmente, sí. Pero no de manera automática.
Un nuevo gobierno podría tener incentivos para revisar algunas políticas, reconstruir relaciones diplomáticas y buscar acuerdos regionales. También podría intentar distanciarse de los aspectos más controvertidos de la gestión de Netanyahu.
Sin embargo, no hay razones suficientes para asegurar que una nueva coalición reconocerá un Estado palestino, terminará con la ocupación o garantizará los derechos de la población palestina.
De hecho, el propio escenario electoral muestra una dificultad de fondo: algunos de los rivales de Netanyahu mantienen posiciones firmes contrarias a la creación de un Estado palestino.
La cuestión fundamental no debería reducirse a quién ocupa el despacho del primer ministro. Lo que importa es si cambian las condiciones materiales y políticas que sostienen la ocupación, la expansión de los asentamientos, el desplazamiento de población y la desigualdad de derechos.
Una alternancia puede ser una oportunidad política. No es, por sí misma, una transformación histórica.
Y hay algo más: el futuro de Palestina no puede depender exclusivamente de las elecciones israelíes. También requiere presión internacional sostenida, protección efectiva de la población civil, rendición de cuentas y reconocimiento de los derechos políticos del pueblo palestino.
La salida de un dirigente puede abrir una puerta. Pero no obliga a nadie a cruzarla.
6. Trump y las elecciones del 3 de noviembre: una derrota que podría cambiar el equilibrio internacional
Las elecciones intermedias estadounidenses del 3 de noviembre constituyen otro acontecimiento decisivo para el cierre de 2026.
La situación política de Trump es delicada. Los sondeos recientes apuntan a que los demócratas podrían recuperar la Cámara de Representantes, mientras que el control del Senado sigue siendo más incierto. El descontento por el costo de vida y la guerra con Irán se encuentra entre los factores que afectan las perspectivas republicanas.
Conviene recordar que Trump no se presenta a la reelección presidencial en estos comicios. Lo que está en juego es el control del Congreso, que determina buena parte de la capacidad legislativa del gobierno y ejerce funciones de supervisión sobre el Ejecutivo.
Una derrota republicana en la Cámara de Representantes podría abrir investigaciones, dificultar la aprobación de determinadas iniciativas y aumentar los costos políticos de algunas decisiones presidenciales. Si los demócratas también consiguieran avances en el Senado, el margen de maniobra de Trump podría reducirse todavía más.
Pero sería un error considerar que esto resolvería las tensiones internacionales.
Estados Unidos conserva intereses estratégicos que no dependen exclusivamente de la voluntad de su presidente. La competencia con China, el gasto militar, el control de las rutas energéticas y la defensa de su influencia en América Latina forman parte de debates que atraviesan a ambos partidos.
En materia de política exterior, las diferencias entre republicanos y demócratas son reales, pero no siempre equivalen a una oposición entre imperialismo y cooperación internacional.
Un Congreso demócrata podría frenar ciertas iniciativas de Trump, exigir explicaciones sobre la guerra o cuestionar los costos económicos de sus decisiones. Sin embargo, no hay garantía de que se oponga a todas las acciones militares ni de que abandone las políticas de presión económica sobre otros países.
¿Podría cambiar el rumbo de la guerra contra Irán?
Ésta sería una de las preguntas más importantes.
Si la guerra continúa afectando los precios de la energía y la economía estadounidense, la oposición tendría incentivos para cuestionar la estrategia presidencial. El conflicto ya forma parte del debate sobre las perspectivas electorales republicanas.
Una derrota electoral podría aumentar la presión para buscar una salida negociada. Pero también podría producir el efecto contrario: un Ejecutivo debilitado podría intentar recuperar iniciativa política mediante una demostración de fuerza, o presentar sus dificultades internas como consecuencia de la obstrucción de sus adversarios.
Ninguno de esos desenlaces es inevitable.
Lo relevante será observar si los contrapesos institucionales contribuyen a una reducción de la escalada o si la disputa política interna termina agravando la incertidumbre internacional.
¿Y si Trump desconoce una derrota?
Éste es un riesgo que merece vigilancia, aunque no debe confundirse una posibilidad con un hecho consumado.
Trump ya rechazó el resultado de las elecciones presidenciales de 2020, pese a que las impugnaciones no consiguieron demostrar un fraude capaz de cambiar el resultado. Si su partido sufriera una derrota importante en 2026, podrían reaparecer discursos que cuestionaran la legitimidad del proceso electoral.
Una crisis de este tipo tendría consecuencias que irían más allá de Estados Unidos. Podría aumentar la incertidumbre económica, debilitar la confianza en sus instituciones y dificultar la coordinación internacional en un momento de múltiples conflictos.
Sin embargo, el resultado dependería de la actuación de las autoridades electorales, los tribunales, los gobiernos estatales, el Congreso y los propios dirigentes republicanos.
La pregunta de fondo es si las instituciones estadounidenses pueden mantener su capacidad de funcionamiento cuando una parte del poder político considera legítimos los resultados que le favorecen, pero cuestiona los que le perjudican.
Si Trump pierde influencia legislativa, el efecto inmediato sería una reducción de su margen de maniobra. El efecto más profundo dependería de si esa derrota contribuye a restablecer límites institucionales o, por el contrario, intensifica una polarización que dificulte cualquier acuerdo.
7. ¿Qué une a todos estos acontecimientos?
Hasta aquí hemos recorrido escenarios que parecen pertenecer a mundos diferentes: el malestar social europeo, las elecciones latinoamericanas, la guerra en Oriente Medio y la disputa política estadounidense.
Pero hay un hilo que los conecta: la creciente dificultad de los sistemas políticos para responder a las necesidades sociales mientras administran conflictos económicos y geopolíticos cada vez más costosos.
No significa que todo ocurra por la misma causa ni que exista un plan común detrás de estos acontecimientos. Sería una explicación demasiado simple.
Lo que observamos es la interacción de varias crisis.
Una crisis de distribución: amplios sectores sociales perciben que el crecimiento económico no se traduce en mejoras suficientes de sus condiciones de vida.
Una crisis de representación: los partidos tradicionales pierden credibilidad y crecen las fuerzas que prometen una ruptura, incluso cuando sus soluciones pueden profundizar las desigualdades.
Una crisis de legitimidad internacional: las reglas que las potencias presentan como universales se cuestionan cuando parecen aplicarse de manera selectiva.
Una crisis de seguridad: las respuestas militares no consiguen necesariamente producir estabilidad y pueden multiplicar los costos humanos y económicos.
Una crisis ecológica y energética: la dependencia de combustibles fósiles y cadenas de suministro vulnerables amplifica las consecuencias de los conflictos.
Hay que añadir una cuestión central: el orden internacional nunca ha distribuido de manera igualitaria el poder para decidir sobre los recursos, las fronteras y las condiciones del desarrollo.
Las grandes potencias tienen mayor capacidad para imponer sanciones, movilizar fuerzas militares y trasladar los costos de sus decisiones a terceros países. Las economías periféricas suelen disponer de menos instrumentos para protegerse de las consecuencias.
Esta desigualdad no desaparece cuando cambia un presidente ni cuando se firma un nuevo acuerdo comercial.
Tampoco se resuelve sustituyendo una potencia dominante por otra.
La autonomía política requiere capacidad productiva, instituciones legítimas, cooperación regional y una distribución más equitativa de los recursos. Sin esas condiciones, la soberanía puede quedarse en una declaración formal.
8. Tres escenarios posibles para noviembre y diciembre de 2026
No se trata de predicciones cerradas, sino de tres marcos para interpretar lo que podría suceder durante el cierre del año.
Escenario 1. Contención y negociación
Posibilidad favorable, pero frágil
Las elecciones estadounidenses limitan la capacidad de Trump para impulsar algunas iniciativas; Israel entra en una etapa de reorganización política; y los actores involucrados en la guerra de Irán encuentran incentivos para negociar. En Europa, los gobiernos responden a las protestas con concesiones sociales parciales.
El resultado sería una reducción de la incertidumbre, no la solución de las contradicciones estructurales.
Escenario 2. Inestabilidad administrada
Una posibilidad especialmente importante
No se alcanza una solución definitiva en Oriente Medio, continúan las presiones sobre el comercio y la energía, las elecciones producen gobiernos o congresos divididos y las protestas europeas obligan a hacer ajustes limitados.
El mundo no entra necesariamente en una guerra generalizada, pero tampoco recupera una estabilidad sólida. Las crisis se convierten en parte de la vida cotidiana.
Escenario 3. Escalada y endurecimiento autoritario
El escenario de mayor riesgo
Nuevos ataques contra Irán o en el mar Rojo agravan la crisis energética; las tensiones internas estadounidenses se intensifican tras las elecciones; los gobiernos responden a las protestas con mayor represión y las fuerzas ultraderechistas aprovechan el miedo y la incertidumbre.
Los efectos se acumulan: inflación, polarización, debilitamiento de la cooperación internacional y menor espacio para resolver los conflictos por vías diplomáticas.
Estos escenarios pueden combinarse. Una negociación en Oriente Medio podría coexistir con un endurecimiento autoritario en Europa. Una derrota electoral de Trump podría limitar su agenda interna sin modificar sustancialmente la política exterior estadounidense. La salida de Netanyahu podría abrir una crisis de coalición sin producir avances para los palestinos.
Por eso, sería irresponsable resumir el futuro en una sola predicción.
9. ¿Qué debería observar México y América Latina?
Para México, el cierre de 2026 no es una cuestión distante. La combinación de incertidumbre comercial, costos energéticos, presión migratoria y cambios en la política estadounidense puede afectar directamente la economía y la política exterior del país.
Una derrota republicana en el Congreso podría abrir oportunidades para reducir algunas presiones comerciales y fortalecer los mecanismos de negociación bilateral. Pero no garantizaría un cambio profundo en la relación con Washington.
Si la guerra con Irán mantiene elevados los precios de la energía, México podría beneficiarse de determinados ingresos petroleros, pero también sufrir presiones inflacionarias y mayores costos logísticos. El resultado dependería de su posición energética, sus necesidades de importación y las condiciones de los mercados internacionales.
En América Latina, una mayor fragmentación política podría dificultar la cooperación regional justo cuando sería más necesaria. Si los gobiernos se concentran en competir por inversiones, recursos y ventajas comerciales individuales, las potencias externas encontrarán más fácil negociar desde posiciones de fuerza.
Por el contrario, una cooperación más profunda en energía, alimentos, infraestructura, ciencia y producción industrial podría ampliar el margen de decisión de los países latinoamericanos.
No se trata de construir una alianza contra todo el mundo, sino de dejar de relacionarse con el mundo exclusivamente desde la vulnerabilidad.
México necesita mantener relaciones comerciales y diplomáticas con Estados Unidos, pero también fortalecer sus vínculos con América Latina, Europa, Asia y África. Diversificar no significa romper con un socio, sino evitar que la dependencia de uno solo determine los límites de las decisiones nacionales.
La autonomía económica también exige fortalecer el mercado interno, mejorar los salarios, invertir en capacidades tecnológicas y reducir las desigualdades que vuelven socialmente frágil cualquier estrategia de desarrollo.
Una economía dependiente puede crecer durante años y, aun así, ser incapaz de resistir una crisis externa.
Un mundo en disputa, no un mundo condenado
Me parece que el principal error al analizar el cierre de 2026 sería caer en alguno de dos extremos: creer que estamos a punto de presenciar una transformación emancipadora mundial o asumir que todo conduce inevitablemente a una guerra generalizada y al triunfo de la ultraderecha.
Ambas interpretaciones simplifican la historia.
Las sociedades no avanzan en una sola dirección. Los mismos acontecimientos pueden producir respuestas contradictorias. Una crisis económica puede fortalecer a la derecha radical, pero también estimular nuevas organizaciones sindicales. Una derrota electoral puede abrir oportunidades democráticas, aunque no modifique las estructuras económicas. Una guerra puede debilitar a una potencia y, al mismo tiempo, provocar sufrimiento masivo entre poblaciones que no decidieron participar en ella.
Lo que está en disputa es la forma en que se resolverán esas contradicciones.
Las protestas europeas expresan una pregunta sobre las condiciones materiales de la vida. El avance de la derecha latinoamericana plantea otra cuestión sobre la relación entre inseguridad, desigualdad y representación política. La guerra en torno a Irán demuestra los límites de la superioridad militar cuando los objetivos políticos son difíciles de alcanzar. Las elecciones en Israel y Estados Unidos pondrán a prueba la capacidad de sus sistemas políticos para procesar el descontento y modificar sus decisiones.
Ninguno de estos acontecimientos garantiza por sí mismo un futuro mejor.
La pregunta fundamental es si las crisis servirán para reforzar la concentración del poder o si abrirán espacios para formas más democráticas de organización económica y política.
No basta con que caigan determinados dirigentes. Hay que preguntarse qué estructuras permanecen cuando se van.
No basta con que un país gane influencia internacional. Hay que preguntarse quién se beneficia de esa influencia.
No basta con que una economía crezca. Hay que preguntarse cómo se distribuye la riqueza y quién paga los costos de producirla.
Y no basta con que los gobiernos invoquen la seguridad. Hay que preguntarse si esa seguridad protege la vida de las personas o si se convierte en una justificación para limitar sus derechos.
Tal vez noviembre y diciembre no nos entreguen respuestas definitivas. Es más probable que nos dejen señales, algunas contradictorias, sobre el rumbo que tomará el mundo durante los próximos años.
Pero hay algo que sí podemos afirmar: las crisis no producen emancipación por sí solas. Abren posibilidades que sólo se convierten en cambios reales cuando existen organización social, proyectos políticos, cooperación y voluntad colectiva para transformar las condiciones que las originaron.
La historia no está escrita de antemano. Y ésa es una razón para mantener la mirada crítica, sin confundir la esperanza con la certeza ni el pesimismo con la lucidez.
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