QUETZALCOATL LIBRANOS DE LA DERECHA. Maru Campos, cuando las versiones no alcanzan para explicar los hechos

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En el caso de los agentes de la CIA que participaron en un operativo en Chihuahua, lo preocupante no es solamente la posible intervención de funcionarios extranjeros en territorio mexicano sin las autorizaciones correspondientes. También lo es el desfile de versiones contradictorias, los deslindes y las explicaciones que, en lugar de aclarar lo sucedido, han terminado por sembrar más dudas. Y cuando hablamos de seguridad, soberanía nacional y uso de la fuerza pública, las dudas no son un asunto menor.

Maru Campos ha sostenido que no gestionó, autorizó ni tenía conocimiento de la presencia de agentes estadounidenses en el operativo de El Pinal, realizado en abril de 2026. Sin embargo, en otras declaraciones reconoció que existían mecanismos de cooperación operativa con autoridades de Estados Unidos para combatir a personas consideradas generadoras de violencia. Ambas afirmaciones no son necesariamente incompatibles, pues podrían referirse a operaciones distintas. Pero precisamente ahí está el problema: Maru debe explicar con claridad dónde terminaba esa colaboración, quién la autorizaba y qué sabía su propio gobierno.

No basta con repetir que una cosa es la cooperación institucional y otra la presencia irregular de agentes extranjeros. Esa distinción debe demostrarse con documentos, no dejarse flotando en entrevistas. ¿Qué instituciones estaban enteradas? ¿Qué permisos existían? ¿Quién autorizó las actividades? ¿Por qué los estadounidenses habrían mantenido relaciones operativas con funcionarios de la Fiscalía durante meses, como reportó EL PAÍS a partir de información vinculada con la investigación?

La indignación aumenta al observar los cambios en la versión del entonces fiscal César Jáuregui. Primero se habló de estadounidenses que realizaban labores de adiestramiento; después se dijo que habían coincidido casualmente con agentes de la Fiscalía y que solicitaron transporte. Más tarde, el propio Jáuregui reconoció omisiones en la información y la gestión institucional. No son diferencias insignificantes: son explicaciones distintas sobre un asunto que compromete a las autoridades.

El 23 de octubre, Campos relató que buscó más de ocho veces a Jáuregui para pedirle que le dijera la verdad. Si ocurrió así, la pregunta es inevitable: ¿qué le dijo durante esas conversaciones y qué hizo ella con la información recibida? La existencia de esas llamadas y su contenido necesitan corroboración independiente. Pero el relato tampoco puede servir como explicación suficiente para cerrar el caso.

Las contradicciones públicas justifican exigir respuestas y una investigación exhaustiva, pero no demuestran por sí solas que la gobernadora haya mentido deliberadamente. Para sostener esa acusación habría que probar que conocía los hechos y que, aun así, afirmó algo que sabía falso. La responsabilidad política, sin embargo, no exige esperar a una sentencia para pedir explicaciones claras.

Y hay algo todavía más grave: si funcionarios estatales facilitaron actividades operativas de agentes extranjeros sin los controles legales necesarios, no estamos ante un simple error administrativo ni ante una disputa de declaraciones. Estamos ante un posible quebrantamiento de procedimientos que protegen la soberanía nacional y someten el uso de la fuerza a la ley.

La soberanía no puede convertirse en una consigna para los discursos y en una formalidad prescindible cuando las autoridades consideran conveniente cooperar con otro país. Tampoco puede aceptarse que la ciudadanía tenga que reconstruir la verdad a partir de entrevistas, filtraciones y versiones que cambian según el momento.

Maru Campos tiene derecho a defenderse y a que no se le atribuyan delitos sin pruebas. Pero la ciudadanía tiene el mismo derecho a exigirle transparencia. Que publique los documentos pertinentes, precise qué sabía y cuándo lo supo, y permita que las investigaciones determinen responsabilidades.

Porque lo verdaderamente intolerable no es que una investigación revele irregularidades. Es que, frente a hechos tan delicados, las autoridades de Chihuahua parezcan más preocupadas por deslindarse que por explicar qué ocurrió. La verdad no puede depender de quién logra imponer primero su versión. Y la soberanía mexicana merece bastante más que declaraciones descuidadamente formuladas.