Por TPS
Hay momentos en que una democracia donde se deja de discutir únicamente quién gobierna y se comienza a preguntarse si todavía se comparte una idea común sobre lo qué significa aceptar el poder del otro. Las elecciones intermedias de 2026 en Estados Unidos serán uno de esos momentos. Más que un referéndum sobre el gobierno de Trump, será una prueba sobre la capacidad de la democracia estadounidense para seguir funcionando en una sociedad profundamente fragmentada.
Los imperios rara vez entran en crisis por una sola derrota militar o económica. Lo hacen cuando las instituciones dejan de ser reconocidas como árbitros legítimos y cada sector comienza a considerar válida únicamente la autoridad que confirma sus propias creencias. Esa erosión de la legitimidad suele ser lenta, pero cuando se vuelve visible ya lleva años gestándose.
La polarización política y social que atraviesa a Estados Unidos no comenzó con Donald Trump, aunque su figura ha concentrado y amplificado las tensiones, estas ya vienen de décadas atrás: el aumento de la desigualdad, la desindustrialización de amplias regiones del país, el descrédito de la clase política tradicional, la concentración de la riqueza, la influencia del dinero privado en la política y una profunda transformación demográfica y cultural que distintos sectores experimentan de maneras muy distintas.
Trump no representa una anomalía aislada, sino una expresión de contradicciones más profundas del capitalismo contemporáneo. Sus dos llegadas al poder fueron posibles porque millones de personas percibieron que las instituciones habían dejado de responder a sus necesidades materiales, aunque las soluciones propuestas por Trump tampoco tenían el objetivo de atacar las causas estructurales de los problemas.
En caso de que el Partido Republicano perdiera una o ambas cámaras del Congreso, el primer efecto sería una reducción importante de la capacidad de Trump para impulsar su agenda legislativa.
Entre los probables efectos positivos podrían encontrarse:
un fortalecimiento del sistema de pesos y contrapesos institucionales;
una mayor supervisión sobre las decisiones del Ejecutivo;
la posibilidad de que las políticas públicas fueran objeto de negociaciones más amplias;
una disminución del riesgo de concentrar demasiado poder en una sola persona.
Sin embargo, también existe la posibilidad de que un Congreso dividido puede traducirse en una intensa parálisis institucional. Presupuestos bloqueados, nombramientos retrasados, conflictos sobre el techo de la deuda y una creciente incapacidad para responder con rapidez a crisis económicas o internacionales son escenarios posibles. La democracia no sólo requiere controles; también necesita capacidad para gobernar.
Además, la polarización podría intensificarse si ambos partidos interpretan el resultado no como una obligación a comprometerse con los votantes, sino como el inicio de una campaña permanente hacia las elecciones presidenciales de 2028.
¿Y si Trump rechazara los resultados o amañara la elección?
Este escenario debe analizarse con calma. En este momento no hay forma de saber si ocurrirá, pero debemos considerarlo como una posibilidad.
La experiencia de las elecciones de 2020 demostró que una parte significativa del electorado norteamericano estuvo dispuesta a creer que existía un fraude electoral, a pesar de que múltiples tribunales y autoridades estatales no encontraron pruebas suficientes para modificar el resultado. Ese antecedente hace que cualquier duda en el futuro reciba una atención especial.
Si un presidente se negara a reconocer una derrota política importante en unas elecciones intermedias y afirmara, sin evidencia suficiente, que el proceso fue ilegítimo, podrían presentarse varios efectos:
En el plano interno aumentaría la desconfianza hacia las instituciones electorales y judiciales. La democracia depende menos de las leyes que de la disposición colectiva a aceptar reglas comunes incluso cuando el resultado no favorece a un determinado grupo.
En el plano internacional, la imagen de Estados Unidos que pretende legitimar como promotor de la democracia podría deteriorarse aún más. Durante décadas, Washington ha exigido a otros países respeto por los procesos electorales. Una disputa prolongada sobre la legitimidad de sus propias elecciones debilitaría ese pretexto diplomático.
También podrían aumentar las movilizaciones sociales. Algunas serían completamente pacíficas y otras podrían derivar en episodios de violencia aislada si determinados grupos decidieran desconocer a las autoridades electorales.
Ninguna institución existe únicamente porque esté escrita en una constitución. Existe porque millones de personas creen en ella todos los días.
Las elecciones son, en ese sentido, un ritual político. No porque sean ceremonias vacías, sino porque representan un acuerdo colectivo sobre cómo resolver el conflicto sin recurrir a la fuerza. Cuando ese acuerdo comienza a romperse, las sociedades entran en una zona de incertidumbre donde el adversario deja de ser un competidor legítimo para convertirse en un enemigo existencial.
La historia tiene muchos ejemplos en los que el deterioro institucional no ocurrió mediante un golpe espectacular, sino a través de una sucesión de pequeñas deslegitimaciones, cada una aparentemente manejable por sí sola, pero devastadoras en conjunto.
Reducir el futuro político estadounidense exclusivamente a la figura de Donald Trump sería simplificar un fenómeno mucho más amplio.
Las tensiones que vive Estados Unidos reflejan transformaciones globales: el agotamiento de un modelo económico que ha incrementado la desigualdad, la crisis de representación de los partidos tradicionales, el impacto de las redes sociales sobre la deliberación pública, la competencia geopolítica con otras potencias y el cuestionamiento creciente del liderazgo occidental.
Resulta muy importante preguntarse por qué la estabilidad democrática estadounidense suele analizarse como un asunto de interés mundial, mientras que las crisis políticas en países latinoamericanos o africanos con frecuencia son interpretadas como problemas exclusivamente nacionales. Esa diferencia revela que las jerarquías del sistema internacional siguen otorgando un peso desproporcionado a las decisiones de las potencias.
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