Por MFTX
Xochimilco no fue un espacio periférico ni homogéneo durante los siglos del virreinato; por el contrario, su condición política en la Nueva España fue el resultado de negociaciones continuas entre la Corona, los encomenderos, los funcionarios virreinales y las autoridades indígenas locales. Tras la conquista, la estructura prehispánica de señorío y cabildos no desapareció de inmediato: la Corona española conservó muchas figuras de gobierno local, pero las integró en un régimen de “gobierno indirecto” que reguló la vida política y económica de los pueblos originarios mediante la república de indios. En Xochimilco esa nueva organización implicó la pervivencia de los tlahtoque (gobernantes indígenas) y de cabildos locales adaptados al modelo impreso por las leyes de Indias; sin embargo, su autonomía real quedó limitada por la intervención de autoridades españolas y por las obligaciones fiscales y laborales impuestas al pueblo.
Desde los primeros años coloniales Xochimilco fue objeto de especiales atenciones por su fertilidad y por su cercanía a la ciudad de México. La encomienda, instrumento mediante el cual la Corona otorgó a un conquistador el derecho a tributos y trabajo indígena, pasó por distintas manos y, en ciertos momentos tempranos, volvió a manos de la Corona, lo que propició la organización temprana de un cabildo local bajo vigilancia real. Esta particularidad explica por qué las autoridades locales en Xochimilco desarrollaron, desde muy pronto, formas administrativas con rasgos híbridos: mantuvieron registros de tierras comunales y la figura de gobernantes indígenas, pero tuvieron que rendir cuentas a corregidores, visitadores y, más tarde, a la Real Audiencia. Esa relación híbrida entre autonomía local indígena y control virreinal marcó gran parte de la vida política del pueblo.
La economía chinampera, base material de Xochimilco, también conformó su posicionamiento político. La producción intensiva de alimentos para la ciudad de México otorgó a los xochimilcas un papel estratégico: su sistema agrícola era imprescindible para el abastecimiento urbano, lo que generó interés por parte de las autoridades coloniales en regular las tierras, las aguas y los tributos. Por este motivo se conservó, con variaciones, la lógica de tierras comunales y cargos comunitarios; a la vez, las presiones fiscales, los repartimientos de trabajo y las demandas de encomenderos y hacendados crearon tensiones constantes que obligaron a la comunidad a articular defensas legales y a negociar títulos y documentación para probar derechos sobre la chinampa. En Xochimilco se escribieron y tramitaron numerosos títulos primordiales y litigios que muestran la persistencia de una cultura jurídica indígena en diálogo con las instituciones coloniales.
Políticamente, Xochimilco desempeñó papeles complejos durante episodios de la Colonia. Sus habitantes participaron en las campañas militares y en las alianzas indígenas que caracterizaron el proceso de conquista y pacificación; luego, en el siglo XVI, su cabildo indígena fue una de las entidades comunales más organizadas del valle, capaz de administrar obra pública menor, recaudar tributos internos y representar a la comunidad ante jueces y autoridades. No obstante, esa capacidad de autogobierno se enfrentó a despojos, revisiones de tierra y a la intervención de curatos y órdenes religiosas, los franciscanos y dominicos, que transformaron también la vida social mediante la evangelización y la reorganización parroquial. En consecuencia, el estatus político de Xochimilco fue siempre contingente: conservaba elementos de soberanía comunal, pero operaba bajo límites jurídicos y prácticos impuestos por la Corona y sus representantes.
La dinámica virreinal dejó huellas que se prolongaron: los mecanismos de representación indígena (gobernadores, regidores, cargos de mayordomía) y las prácticas comunitarias (tequio, repartos, fiestas patronales) continuaron siendo ejes organizadores del espacio social y político de Xochimilco hasta avanzar la Colonia y aun después. Al mismo tiempo, la presión demográfica de la ciudad y cambios en el control del agua y la tierra, sobre todo a partir del siglo XVIII, fueron erosionando gradualmente la autonomía comunal y provocando transformaciones en la tenencia y uso del suelo. Por eso, comprender el estatus político de Xochimilco en el Virreinato exige mirar tanto las instituciones formales como las prácticas cotidianas que permitieron a sus pobladores negociar, resistir y adaptarse en un entorno de poder asimétrico.
Hoy, la memoria virreinal de Xochimilco, los títulos, los cabildos, las iglesias, las chinampas, sirve para pensar la continuidad de formas políticas indígenas dentro de sistemas coloniales. Estudiar ese pasado no es solo un ejercicio archivístico: nos ayuda a entender por qué las demandas por la tierra, el agua y el reconocimiento comunal que existen en el presente tienen raíces profundas en las maneras en que Xochimilco fue incorporado y gobernado en la Nueva España. Esa historicidad ofrece herramientas para repensar políticas contemporáneas: reconocer la legitimidad de formas comunitarias heredadas y articularlas con marcos legales actuales es una de las lecciones políticas más urgentes que trae el estudio del estatus virreinal de Xochimilco.
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