Crimen de Estado.
1. Alberto Hernández.
2. Josué Márquez.
3. Héctor Treviño.
4. José Reséndiz.
5. Rafael L. Martínez.
6. Jorge de la Peña.
7. Jorge Callejas.
8. Arturo Muñoz Vargas.
9. Raúl Juárez Garcés.
10. Jorge Valdés Verberly.
11. Ricardo Bernal Ballesteros.
12. Raúl Arguelles Méndez.
13. Edmundo Martín del Campo C.
14. Héctor Guzmán.
15. Víctor Arturo Vargas Mendoza.
16. Manuel Vargas Salinas.
17. Alejandro Beltrán.
18. Rafael Márquez.
19. Josué Moreno R. .
20. Santiago Prieto Irma.
21. Juan Liborio González Sáez.
22. Ricardo Rodríguez.
23. Patricio Muciflo Mario.
24. Jessica Martínez Olvera (4 años).
25. Lilia Castillo Olvera (de meses).
26. Llano.
27. Desconocido (20 años).
28. Desconocido (17 años).
29. Francisco Treviño lavares (fallecido el sábado 10 de julio de 1971: tres heridas de bala luego de un mes de agonía en la Cruz Roja)
Hubo once muchachos más muertos, no identificados.
Y hoy hace justamente 38 años. El 10 de junio de 1971 un numeroso grupo jóvenes lumpen, golpeadores y asesinos a sueldo, sicarios en bola, promovidos, dirigidos y patrocinados por el gobierno, y que se hacían llamar "¡Halcoooooones!", atacó a una manifestación de estudiantes en San Cosme. Los gatilleros llevaban varas de bambú, rifles y pistolas, y le encajaron uno o más balazos a cada uno de los 40 estudiantes muertos. Toda su maniobra fue contemplada por la policía, patrulleros y granaderos que se hicieron de la vista gorda. Al día siguiente, sobre todo en las formidables fotografías del fotógrafo de El Heraldo, los asesinos fueron identificados por sus rasgos fisonómicos. El presidente Luis Echeverría empeñó entonces su palabra de hombre para que se hiciera una investigación, pero no cumplió, como era de esperarse (como si se atuviera al capítulo XVIII de El Principe, donde Maquiavelo autoriza al gobernante a no cumplir con la palabra empeñada). El Ministerio Público, como era de esperarse, tampoco actuó.
El aparato judicial de entonces era de risa loca. La lista de los 29 muertos identificados fue entregada al procurador general de la República, Pedro Ojeda Paullada, el 28 de agosto de 1971. Ojeda Paullada también se lavó las manos. Diez años más tarde, el 10 de junio de 1981, los autores intelectuales y materiales de la matanza quedaron impunes. Según el Código Penal, prescribió la acción que debió ejercerse para esclarecer los hechos y se extinguió para siempre la posibilidad de aplicar sanciones a los responsables.
Pero de hecho, la prescripción fue decidida, sin apoyo en ninguna ley, por el infinito poder del presidencialismo en México:
"La investigación se inició y en pocos días se aclaró (sic) que habían sido errores y descuidos de autoridades menores; pero como surgieron intereses de extrema izquierda y extrema derecha, tanto nacionales como extranjeros, para repetir los sucesos del 68 que nos afectaron a todos los mexicanos, corté por lo sano y resolví aceptar la renuncia de dos altos funcionarios, quienes en realidad no tuvieron mayor intervención en los hechos", dijo a El Universal Luis Echeverría el 7 de abril de 1981.
El ex presidente encomendó su coartada a la habitual amnesia mexicana, pero Alfonso Martínez Domínguez —en una declaración hasta ahora no desmentida por él ni por Carlos Hank González que según AMD estuvo de testigo en Los Pinos— confesó a Heberto Castillo: "El presidente me mandó llamar cuando iba yo rumbo a Los Pinos, tenía ya mayor información de los hechos: los Halcones habían masacrado a los manifestantes, habían entrado incluso en la Cruz Verde, que está muy cerca de la Normal de San Cosme, y habían rescatado prisioneros arrebatándolos de los brazos de los médicos y de las enfermeras. La policía no había intervenido Flores Curiel estaba relevado del mando. Todo había sido orquestado por Echeverría a través de la Secretaría de Gobernación...".
El 15 de junio de 1971 la revista Time publicó: Los Halcones "ejecutaron sus movimientos con táctica militar; estaban bien entrenados en el arte japonés de luchar con varas de bambú y dotados de un equipo radial de comunicaciones. Durante todo el incidente la policía no dio un paso para intervenir".
Y The Washington Post: "Cientos de policías estaban en la zona de la marcha estudiantil, pero no hicieron nada para detener a los atacantes, cuyas armas iban de las varas de bambú a rifles y subametralladoras".
El carpetazo, según escribió Carlos Marín en Proceso años después, lo dio el propio Echeverría cuando el 8 de octubre de su primer año de gobierno, violentado por un estudiante de Durango que le preguntó a boca de jarro si la proyección internacional que el gobierno buscaba comprendía los acontecimientos del jueves de Corpus.
El honorable Echeverría respondió furioso: "Lo del 10 de junio fue una agresión contra el gobierno. Quien no lo entienda así no entiende lo que está sucediendo".
Entonces, como ahora, los periodistas de Estado juzgaron "chantaje histérico" la protesta civil.
Víctima, pues, fue el gobierno de los 40 muertos, varias decenas de desaparecidos y muchos lesionados por golpes y balas.
1. Alberto Hernández.
2. Josué Márquez.
3. Héctor Treviño.
4. José Reséndiz.
5. Rafael L. Martínez.
6. Jorge de la Peña.
7. Jorge Callejas.
8. Arturo Muñoz Vargas.
9. Raúl Juárez Garcés.
10. Jorge Valdés Verberly.
11. Ricardo Bernal Ballesteros.
12. Raúl Arguelles Méndez.
13. Edmundo Martín del Campo C.
14. Héctor Guzmán.
15. Víctor Arturo Vargas Mendoza.
16. Manuel Vargas Salinas.
17. Alejandro Beltrán.
18. Rafael Márquez.
19. Josué Moreno R. .
20. Santiago Prieto Irma.
21. Juan Liborio González Sáez.
22. Ricardo Rodríguez.
23. Patricio Muciflo Mario.
24. Jessica Martínez Olvera (4 años).
25. Lilia Castillo Olvera (de meses).
26. Llano.
27. Desconocido (20 años).
28. Desconocido (17 años).
29. Francisco Treviño lavares (fallecido el sábado 10 de julio de 1971: tres heridas de bala luego de un mes de agonía en la Cruz Roja)
Hubo once muchachos más muertos, no identificados.
Y hoy hace justamente 38 años. El 10 de junio de 1971 un numeroso grupo jóvenes lumpen, golpeadores y asesinos a sueldo, sicarios en bola, promovidos, dirigidos y patrocinados por el gobierno, y que se hacían llamar "¡Halcoooooones!", atacó a una manifestación de estudiantes en San Cosme. Los gatilleros llevaban varas de bambú, rifles y pistolas, y le encajaron uno o más balazos a cada uno de los 40 estudiantes muertos. Toda su maniobra fue contemplada por la policía, patrulleros y granaderos que se hicieron de la vista gorda. Al día siguiente, sobre todo en las formidables fotografías del fotógrafo de El Heraldo, los asesinos fueron identificados por sus rasgos fisonómicos. El presidente Luis Echeverría empeñó entonces su palabra de hombre para que se hiciera una investigación, pero no cumplió, como era de esperarse (como si se atuviera al capítulo XVIII de El Principe, donde Maquiavelo autoriza al gobernante a no cumplir con la palabra empeñada). El Ministerio Público, como era de esperarse, tampoco actuó.
El aparato judicial de entonces era de risa loca. La lista de los 29 muertos identificados fue entregada al procurador general de la República, Pedro Ojeda Paullada, el 28 de agosto de 1971. Ojeda Paullada también se lavó las manos. Diez años más tarde, el 10 de junio de 1981, los autores intelectuales y materiales de la matanza quedaron impunes. Según el Código Penal, prescribió la acción que debió ejercerse para esclarecer los hechos y se extinguió para siempre la posibilidad de aplicar sanciones a los responsables.
Pero de hecho, la prescripción fue decidida, sin apoyo en ninguna ley, por el infinito poder del presidencialismo en México:
"La investigación se inició y en pocos días se aclaró (sic) que habían sido errores y descuidos de autoridades menores; pero como surgieron intereses de extrema izquierda y extrema derecha, tanto nacionales como extranjeros, para repetir los sucesos del 68 que nos afectaron a todos los mexicanos, corté por lo sano y resolví aceptar la renuncia de dos altos funcionarios, quienes en realidad no tuvieron mayor intervención en los hechos", dijo a El Universal Luis Echeverría el 7 de abril de 1981.
El ex presidente encomendó su coartada a la habitual amnesia mexicana, pero Alfonso Martínez Domínguez —en una declaración hasta ahora no desmentida por él ni por Carlos Hank González que según AMD estuvo de testigo en Los Pinos— confesó a Heberto Castillo: "El presidente me mandó llamar cuando iba yo rumbo a Los Pinos, tenía ya mayor información de los hechos: los Halcones habían masacrado a los manifestantes, habían entrado incluso en la Cruz Verde, que está muy cerca de la Normal de San Cosme, y habían rescatado prisioneros arrebatándolos de los brazos de los médicos y de las enfermeras. La policía no había intervenido Flores Curiel estaba relevado del mando. Todo había sido orquestado por Echeverría a través de la Secretaría de Gobernación...".
El 15 de junio de 1971 la revista Time publicó: Los Halcones "ejecutaron sus movimientos con táctica militar; estaban bien entrenados en el arte japonés de luchar con varas de bambú y dotados de un equipo radial de comunicaciones. Durante todo el incidente la policía no dio un paso para intervenir".
Y The Washington Post: "Cientos de policías estaban en la zona de la marcha estudiantil, pero no hicieron nada para detener a los atacantes, cuyas armas iban de las varas de bambú a rifles y subametralladoras".
El carpetazo, según escribió Carlos Marín en Proceso años después, lo dio el propio Echeverría cuando el 8 de octubre de su primer año de gobierno, violentado por un estudiante de Durango que le preguntó a boca de jarro si la proyección internacional que el gobierno buscaba comprendía los acontecimientos del jueves de Corpus.
El honorable Echeverría respondió furioso: "Lo del 10 de junio fue una agresión contra el gobierno. Quien no lo entienda así no entiende lo que está sucediendo".
Entonces, como ahora, los periodistas de Estado juzgaron "chantaje histérico" la protesta civil.
Víctima, pues, fue el gobierno de los 40 muertos, varias decenas de desaparecidos y muchos lesionados por golpes y balas.
Comentarios